La inteligencia artificial ha habitado la imaginación humana desde que fue presentada al público en general por Hal 9000, la supercomputadora diseñada por el escritor inglés Arthur C. Clarke y el cineasta estadounidense Stanley Kubrick en "2001: Odisea en el espacio", una obra maestra de ciencia ficción inmortalizada por el cine en 1968. En la historia, Hal es responsable de toda la operación de la nave espacial Discovery One, que se encontraba en una misión a Júpiter. Después de un error de análisis, los astronautas cuestionan su infalibilidad y la máquina mata a la tripulación. Sólo uno escapa, David, que logra apagarlo. Antes, en su defensa, Hal afirma que "si hay un defecto, es humano", lo que se confirmaría en el libro posterior, "2010": Una odisea en el espacio II".
Una vez más, la ficción se antepuso a la realidad, y los propios Clarke y Kubrick previeron la causa del problema, previendo ya un debate necesario sobre el uso responsable y ético de la inteligencia artificial y las posibles consecuencias causadas por la falta de gobernanza. El problema no es la tecnología, sino su uso por parte de la sociedad, que tiene sus reglas establecidas por el Estado de Derecho. Por ello, es fundamental que exista conciencia de que es necesario regular el uso de la IA, con responsabilidad civil e incluso penal en relación a su mal uso y sus respectivas consecuencias.
En julio, la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas promovió en Ginebra la cumbre mundial “Inteligencia artificial para el bien”, que reunió a gobiernos, investigadores, industrias y ONG. A las preocupaciones de la ONU se suman las del Congreso Nacional.
En el Senado, un comité de juristas encabezado por el ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, del Tribunal Superior de Justicia, redactó una propuesta de marco legal para la inteligencia artificial en Brasil, que se está tramitando en forma de Proyecto de Ley 2.338, presentado este año por el presidente de la Cámara, Rodrigo Pacheco.
El texto propone el respeto a los principios éticos en el uso de la inteligencia artificial y la Ley General de Protección de Datos, determina que el funcionamiento de los algoritmos sea transparente y debidamente explicado por quienes los explotan a la población, establece responsabilidad civil y pretende evitar impactos sociales negativos. derivada de su funcionamiento.
La propuesta también destaca la protección de los derechos fundamentales, la democracia y la implementación de instrumentos de seguridad para garantizar su gobernanza, término citado 20 veces a lo largo del proyecto y con un capítulo entero dedicado al tema, lo que demuestra la preocupación por la explotación de la IA por parte de las empresas e instituciones.
Ese cuidado es esencial para garantizar la transparencia en los procesos de toma de decisiones y asignar responsabilidades claras en caso de errores o consecuencias negativas. A medida que la IA se vuelve más autónoma, surgen preguntas sobre quién debe responder por decisiones equivocadas o daños causados por sistemas autónomos. Asignar esta responsabilidad legal y ética es un desafío.
Al mismo tiempo, otro proyecto de ley (21/2020) está pasando por la Cámara de Diputados como primera respuesta a la amplia difusión de la desinformación que ya se estaba apoderando del país hace tres años, dañando la confianza en los medios de comunicación y las instituciones. El propio presidente de la Cámara, el diputado Arthur Lira, defendió recientemente una legislación estricta para el uso de la IA.
Este nivel de comprensión avanzada de la complejidad del tema por parte del Congreso Nacional podría colocar a Brasil en una posición de vanguardia para llevar la ética al centro de la legislación sobre inteligencia artificial dentro del Estado Democrático de Derecho.
Lidiar con los límites éticos es y siempre ha sido un desafío para la humanidad. La IA debe ser vista como algo que requiere atención permanente, procurando que su uso involucre a gobiernos, empresas, investigadores y sociedad en general. La implementación responsable de la inteligencia artificial requiere la creación de regulaciones apropiadas, estándares éticos y directrices claras para garantizar que la tecnología se utilice para el bien común y el beneficio de la humanidad. El miedo a hacer algo malo no puede ser un impedimento para que todo lo que queremos hacer bien, pero debemos vigilar de cerca aquello que no entendemos y definir el camino a seguir.
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